Organizaciones denuncian que clínicas disfrazadas ofrecen abortos, pero ejercen violencia médica para disuadir a las usuarias.
A un año de que Puebla se convirtiera en el estado número 14 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, organizaciones feministas denunciaron la operación de clínicas fraudulentas manejadas por grupos antiderechos. Estos espacios, según relataron, se promocionan como sitios seguros para abortar, pero en realidad buscan persuadir a las mujeres para que no ejerzan su derecho.
Durante una rueda de prensa, Jessica Techalotzi, de CAFIS A.C., explicó que estas clínicas operan principalmente a través de redes sociales, donde prometen información, acompañamiento y procedimientos seguros. Sin embargo, al llegar, las usuarias se enfrentan a prácticas de desinformación y violencia médica que buscan infundir miedo y culpa.
“Utilizan un discurso disfrazado de feminismo para enganchar, pero en realidad las amedrentan con información falsa, imágenes violentas y amenazas de consecuencias médicas inexistentes”, advirtió Techalotzi.
Las organizaciones reunidas en la Campaña por el Aborto Legal en Puebla han documentado estos casos gracias a denuncias de mujeres que fueron víctimas de este tipo de engaño. Diana Moreno, representante de Ddeser, explicó que algunas son citadas en colonias céntricas como El Carmen o el Centro Histórico, donde les proyectan videos de abortos mal practicados y difunden mitos como que el misoprostol “mata” o que la mifepristona “provoca paros cardíacos”.
Además del hostigamiento en estas clínicas ilegales, otro obstáculo para el acceso efectivo al aborto seguro ha sido el incumplimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entrega de medicamentos clave. Según Cinthya Ramírez, de ReDefine, el IMSS no ha suministrado la mifepristona en los procedimientos, a pesar de que este fármaco es indispensable y solo se consigue bajo receta médica.
En lo que va del año, la Secretaría de Salud de Puebla ha registrado 388 procedimientos de aborto legal en hospitales públicos. De ellos, 17 fueron realizados a mujeres víctimas de violencia sexual. El 90% se llevaron a cabo en el Hospital de la Mujer, el principal centro médico autorizado para este fin.
No obstante, representantes de colectivas advierten que los obstáculos persisten. La reforma a la Ley de Salud sigue pendiente, y el modelo de aborto por plazo —limitado a las 12 semanas— ha sido cuestionado por quedarse corto ante las realidades que enfrentan las personas gestantes.
A pesar de los avances legislativos, la falta de garantías efectivas, el vacío en políticas públicas y la presencia de estos centros engañosos exponen a las mujeres a riesgos que contradicen el espíritu de la despenalización.
“Este panorama nos preocupa mucho. Aunque el aborto es legal, la desinformación, el miedo y la negligencia institucional siguen impidiendo que muchas puedan ejercer su derecho”, concluyó Ramírez.
